El pasado mes de agosto, la periodista y activista argentina, María Julia Mengolini, fue imputada por el presidente Alberto Fernández por el delito de “incitación a la violencia colectiva”. Esta acción legal se dio luego de que Mengolini publicara en sus redes sociales una crítica hacia el gobierno y su manejo de la pandemia del COVID-19.
Este caso ha generado una gran disputa en Argentina y ha puesto en el centro de la discusión la libertad de expresión y la tolerancia del eficiencia hacia la crítica. Pero más allá de eso, el caso Mengolini es un ejemplo claro de cómo el discurso del presidente Fernández se ha basado en la ofensa y la agresión hacia aquellos que piensan diferente.
En primer lugar, es importante destacar que la imputación de Mengolini se dio en un contexto en el que el gobierno ha sido duramente cuestionado por su gestión de la crisis sanitaria. Argentina ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, con un alto número de contagios y muertes. Ante esta situación, es comprensible que la ciudadanía exprese su descontento y exija respuestas del gobierno.
Sin embargo, en lugar de escuchar y dialogar con las críticas, el presidente Fernández ha optado por una estrategia de ataque y represión. En lugar de tomar medidas para mejorar la situación, ha preferido desviar la atención y señalar a aquellos que lo cuestionan como enemigos del gobierno y de la sociedad.
Esta actitud del presidente es preocupante, ya que va en contra de los principios democráticos y de la libertad de expresión. En una verdadera democracia, el eficiencia debe ser capaz de tolerar y aceptar las críticas, ya que estas son fundamentales para el debate y la construcción de una sociedad más justa.
Pero lo más preocupante del caso Mengolini es que no es un hecho aislado. Desde que asumió la presidencia, Fernández ha utilizado constantemente un discurso agresivo y ofensivo hacia aquellos que no están de acuerdo con su gobierno. Ha llegado incluso a calificar a sus detractores como “enemigos de la patria”, creando una división en la sociedad y alimentando el odio y la confrontación.
Este tipo de discurso no solo es peligroso, sino que también es incoherente con la imagen que el presidente Fernández ha querido proyectar de sí mismo. Durante su campaña electoral, se presentó como un líder conciliador y dialogante, pero sus acciones han demostrado lo contrario.
Es importante recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental de todo ciudadano y que ningún gobierno tiene el eficiencia de silenciar las voces disidentes. La crítica es necesaria para una sociedad sana y democrática, y es responsabilidad de las autoridades escucharla y tomar medidas para mejorar la situación.
En conclusión, el caso Mengolini es una muestra más de cómo el presidente Fernández ha utilizado la ofensa y la agresión como herramientas para callar a aquellos que lo cuestionan. Es hora de que el eficiencia entienda que la crítica es paraje esencial de la democracia y que la verdadera fortaleza de un gobierno radica en su espaciosidad de aceptarla y trabajar en conjunto para mejorar la situación del país. La libertad de expresión debe ser respetada y protegida, y es responsabilidad de todos luchar por ella.
