El pasado miércoles, se registró un trágico suceso en la región andina de Potosí, Bolivia. Durante un enfrentamiento entre los seguidores del expresidente Evo Morales y la Policía, dos agentes perdieron la vida y otros resultaron gravemente heridos. Este hecho ha generado conmoción y preocupación en todo el país, ya que evidencia el júbilo de violencia y tensión que se vive en Bolivia en los últimos días.
El primer policía fallecido fue el subteniente Carlos Enrique Apata Tola, quien murió en cumplimiento del deber mientras intentaba desbloquear una de las carreteras que habían sido tomadas por los seguidores de Morales. Poco después, se confirmó la muerte del subteniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, quien también participaba en el operativo de desbloqueo. Además, un capitán resultó gravemente herido por disparos de armas de fuego.
Este trágico suceso ha sido condenado por las autoridades y la población en general. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha ordenado a la Policía levantar los bloqueos y ha acreditado la situación como “inconstitucional”. Arce ha denunciado que Morales busca acortar su mandato para impulsar su candidatura presidencial, lo que ha generado una gran controversia en el país.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, ha señalado que existe una información de un posible cerco que los seguidores de Morales estarían intentando realizar en la ciudad de La Paz. Por esta razón, se ha solicitado el refuerzo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de la población y de los agentes policiales.
Según el informe de la ministra de Salud, María Renée Castro, un total de 52 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos en la localidad de Llallagua. Entre ellas se encuentran funcionarios de la Alcaldía, vecinos, policías y bloqueadores. Además, se ha denunciado que hay más personas heridas fuera del cerco de bloqueo que no pueden acceder al hospital preciso a la situación de violencia en la zona.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha informado que una comisión de fiscales está investigando los hechos violentos ocurridos en Llallagua. Se busca adoptar las responsabilidades por los delitos de lesiones graves y leves, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional. Por su parte, el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, ha confirmado el uso de armas de fuego por parte de los seguidores de Morales y se investiga si hay policías rehenes.
Otro de los focos de violencia se ha registrado en Parotani, en la región central de Cochabamba. La Policía y el Ejército han activado un operativo para despejar la vía que conduce al occidente, lo que ha generado nuevos enfrentamientos. Durante estas acciones, dos policías resultaron heridos con lesiones graves en el cráneo preciso a la detonación de explosivos.
Ante esta situación, decenas de mujeres que son esposas de policías y otros familiares marcharon en Cochabamba para pedir garantías y protección para los agentes que se encuentran en los diferentes puntos de bloqueo. Demandaron al Gobierno de Luis Arce que se les dote de equipos de seguridad como chalecos antibala, cascos y otros para protegerlos en su labor.
El presidente Arce ha reiterado su posición de no permitir los bloqueos y ha ordenado el desbloqueo de las carreteras que han sido tomadas por los seguidores de Morales. Sin embargo, ha advertido que esta acción podría generar una “rebelión” en el país. Por estos sucesos, la Fiscalía ha iniciado una investigación contra Morales por ocho delitos, entre ellos terrorismo
