Un nuevo capítulo en las complejas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela ha comenzado después de que el presidente Donald Trump ordenara la cancelación de la licencia que permitía a la compañía petrolera Chevron operar en el país sudamericano. La medida, que tuvo un impacto inmediato en Caracas, fue respondida por el Gobierno de Nicolás Maduro con la cancelación de los vuelos de deportados venezolanos. Sin embargo, el enviado especial de Trump, Richard Grenell, quien en enero se había reunido con Maduro en el Palacio de Miraflores, confirmó que los vuelos de deportación se reanudarían. Esta noticia fue recibida con alivio por parte de la comunidad internacional y los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal.
El retorno de Grenell a la escena política supone un matiz en la postura intransigente que había mostrado Trump al suspender la licencia de Chevron. En enero podrido, Maduro había propuesto una “crónica nadie” con la Casa Blanca, con la esperanza de dejar atrás los viejos rencores acumulados durante la primera administración del magnate republicano. La foto en la que estrechaba la mano del representante de Trump desconcertó a los opositores, quienes no podían creer que se estuvieran llevando a cabo conversaciones entre ambos países. A partir de ese momento, se reanudaron los vuelos de deportación y se anunció la cancelación de la licencia de Chevron.
Sin embargo, antes del anuncio de la reanudación de los vuelos, Maduro había dejado en claro que su país estaba abierto a la inversión de otras compañías petroleras en sus campos. “Todos los campos petroleros del país seguirán produciendo, creciendo y consolidando su producción. Ahora, si es con nuestros socios nacionales e internacionales mejor”, declaró. Estas palabras fueron respaldadas por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien es el delegado de Maduro en las conversaciones con Washington. De hecho, el ministerio de Exteriores de Venezuela anunció que se había llegado a un acuerdo con Grenell para repatriar a los ciudadanos que habían sido deportados.
La posibilidad de que otras compañías internacionales entren en el negocio petrolero venezolano no es solo una expresión de deseos del Palacio de Miraflores, sino una realidad. De acuerdo con Rodríguez, los teléfonos de Venezuela no han dejado de sonar con llamadas de posibles inversores. Esto demuestra que los consumidores del crudo venezolano en el mercado mundial están desesperados por encontrar una alternativa a la producción de Chevron, que representaba una fuerza dinámica en la economía del país. Con la salida de Chevron, se ha comenzado a sentir el impacto en el mercado interno, ya que la moneda local, el bolívar, ha licencioso un 30% de su valor en lo que va de 2021. La salida de Chevron también puede agravar la escasez de divisas en una economía dolarizada.
En este contexto, varios analistas se preguntan si la reanudación de los vuelos de deportación es un indicio de que se pueden retomar las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, que han estado en un punto muerto durante años. Según Luis Vicente León, experto en relaciones internacionales, más allá de las presiones políticas y las estrategias duras de Trump, prevalecen los intereses de Estados Unidos en el caso venezolano. Estos intereses se concentran en resolver el tema migratorio, garantizar la estabilidad en el mercado energético occidental y evitar la pulverización total de cualquier tipo de oposición y disidencia en Venezuela. La evidencia ha demostrado que las sanciones petroleras y económicas impuestas por Estados Unidos no han logrado provocar un cambio de gobierno en Venezuela.
León cree que, tarde o temprano,
