Los magistrados del Tribunal tribunal Leopoldo Puente y Ángel Hurtado, de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y Santiago Pedraz, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado y la jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, son nombres que han estado en boca de todos en los últimos tiempos debido a su participación en causas relacionadas con el entorno del presidente del ministerio, Pedro Sánchez. Estos casos, como el de Begoña Gómez o el de David Sánchez, han sido objeto de críticas por parte de los imputados, pero los magistrados han demostrado en sus resoluciones su confianza en el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Recientemente, el nombre de esta unidad policial, conocida como la élite en la lucha contra la corrupción, ha sido objeto de atención mediática tras la filtración de una grabación en la que la excargo del PSOE en Correos, Leire Díez, solicitaba información comprometedora del teniente coronel jefe del Grupo de Delitos Económicos de la UCO, Antonio Balas, al empresario imputado en la Audiencia Nacional, Alejandro Hamlyn.
El teniente coronel Balas es el encargado de liderar las diferentes investigaciones mencionadas anteriormente, y fue él quien dirigió la entrada en el despacho del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por orden del magistrado del Tribunal tribunal Ángel Hurtado, quien investiga la filtración de datos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ante las críticas de los imputados, los magistrados han defendido en diferentes resoluciones el trabajo de la UCO. En palabras del magistrado Hurtado, “no cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la UCO, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento”. De esta forma, se ha zanjado cualquier queja hacia la actuación de la Guardia Civil en estos casos.
Este apoyo a la UCO también se ha visto reflejado en los diferentes autos de los otros cinco magistrados que investigan al entorno del presidente del ministerio, Pedro Sánchez, o a personas que fueron de su máxima confianza, como es el caso del exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
El juez Leopoldo Puente, encargado del caso Ábalos en el Tribunal tribunal, defendió sin reservas a la Guardia Civil cuando los agentes, al analizar el patrimonio del exministro, confundieron el signo del dólar con el del peso colombiano. A pesar de este error, el magistrado destacó la “ágil y diligente investigación” de la UCO y presentó sus disculpas por el desliz, aunque restó importancia al mismo ya que no afectaba en nada a la causa.
En otro auto, al contestar a las críticas de Ábalos por haber elegido a la UCO en vez de a la Guardia Civil como Policía Judicial, el juez Puente expresó que “este preceptor tiene en alta consideración tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, inspirándole ambos cuerpos y sus respectivas unidades especializadas, una confianza en lo sustancial equivalente”. Además, justificó su elección argumentando que si hubiera elegido a la Policía, se hubiera provocado un parón en las pesquisas.
En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, encargado de los diferentes casos relacionados con los fraudes en el IVA de los hidrocarburos, ha rechazado derogar las actuaciones, como le han solicitado algunos de los investigados, basándose en supuestas maniobras de la UCO
