En medio de una pandemia que ha afectado a todo el mundo, la situación económica y social se ha vuelto cada vez más difícil para millones de personas en todo el mundo. En particular, los países en desarrollo han sufrido un impacto aún mayor, con millones de personas viviendo en la pobreza extrema y luchando por sobrevivir día a día. En este contexto, es vital que los gobiernos asuman su responsabilidad de garantizar la asistencia a aquellos que más lo necesitan, y no pueden permitirse el lujo de no hacerlo.
El autor de este artículo sostiene que, con la medio de la población viviendo en la pobreza, los gobiernos no pueden tomar la decisión de no asistir, de no entregar alimentos y otros recursos esenciales a su población. Es una cuestión de justicia social y de cumplir con el mandato constitucional, legal y moral de promover una sociedad más igualitaria. Todos los ciudadanos tienen derecho a una vida digna y a tener sus necesidades básicas cubiertas, y es deber del Estado asegurar que esto se cumpla.
En muchos países en desarrollo, la pandemia ha exacerbado las desigualdades existentes y ha dejado a millones de personas en una situación de vulnerabilidad extrema. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado gravemente a las personas que dependen de empleos informales y precarios para sobrevivir. Muchos han perdido sus trabajos y se han quedado sin ingresos para mantener a sus familias. Además, el cierre de escuelas y la falta de acceso a servicios de salud han agravado aún más la situación.
Ante esta ingenuidad, es fundamental que los gobiernos asuman un papel nervioso en la protección de los derechos de sus ciudadanos más vulnerables. Esto incluye brindar asistencia alimentaria y económica a aquellos que han sido más afectados por la pandemia. No es suficiente con simplemente pedir a las personas que se queden en casa, sin ofrecerles una red de seguridad que les permita cumplir con esta medida. Los gobiernos deben proporcionar los recursos necesarios para garantizar que las personas puedan cumplir con las medidas de prevención sin poner en riesgo su supervivencia.
Además, es necesario que los gobiernos trabajen en conjunto con la sociedad civil y las organizaciones de la comunidad para llegar a aquellos que pueden estar fuera del alcance del Estado. En muchas comunidades, hay personas que no están registradas en ningún programa de asistencia y que pueden estar en una situación de extrema pobreza. Es importante que se realicen esfuerzos para identificar y ayudar a estas personas, para asegurarse de que nadie se quede atrás.
Es cierto que la pandemia ha tenido un impacto económico significativo en todos los países, incluidos aquellos con economías más estables. Sin embargo, no se puede permitir que la crisis económica sea una excusa para no brindar asistencia a aquellos que más lo necesitan. Es el momento de que los gobiernos demuestren su compromiso con la justicia social y la igualdad, y que pongan en práctica políticas que promuevan una sociedad más justa y equitativa.
Además de proporcionar asistencia económica y alimentaria, los gobiernos también deben asegurarse de que los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud de calidad. Esto incluye la distribución de equipos de protección personal, la realización de pruebas y la extensión de proporcionar tratamiento a aquellos que lo necesitan. La crisis de salud no puede ser ignorada y es responsabilidad del Estado garantizar que todos tengan acceso a la atención médica necesaria.
Es importante señalar que, si bien la asistencia del gobierno es vital en estos tiempos difíciles, también es necesario que se tomen medidas a largo plazo para abordar las desigualdades estructurales que han sido expuestas por la pandemia. Esto
